Legislación Laboral, Sindicatos y Negociación Colectiva

 

“El Derecho de sindicalizarse” de los trabajadores está consagrado en la Constitución Política de Chile, en cuyo artículo 19 se especifica además que “la afiliación sindical será siempre voluntaria”.

 

“La negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores, salvo los casos en que la ley expresamente no permita negociar”, sostiene nuestra Carta Fundamental.

 

Asimismo, la ley detalla que no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades, y tampoco aquellas personas que trabajen en corporaciones o empresas que presten servicios de utilidad pública o “cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional”.

 

Por otro lado, el Código del Trabajo también considera la sindicalización como un derecho para los trabajadores “del sector privado y de las empresas del Estado”, quienes pueden constituir “sin autorización previa, las organizaciones sindicales que estimen convenientes, con la sola condición de sujetarse a la ley y a los estatutos de las mismas”.

 

De acuerdo a lo estipulado en la legislación laboral, las organizaciones sindicales se constituirán y se denominarán según los trabajadores que afilien, por lo que hoy día podemos encontrar, entre otros:

 

Sindicato de empresa (agrupa a trabajadores de una misma empresa)

Sindicato interempresa (agrupa a trabajadores de dos o más empleadores distintos)

Sindicato de trabajadores independientes

Sindicato de trabajadores eventuales o transitorios

 

El Código del Trabajo también establece que nadie puede ser obligado a afiliarse a una organización sindical y tampoco se podrá condicionar el empleo de un trabajador a la afiliación o desafiliación a un sindicato.

 

Más adelante, en su artículo 303, se define la negociación colectiva como “el procedimiento a través del cual uno o más empleadores se relacionan con una o más organizaciones sindicales (…) con el objeto de establecer condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones por un tiempo determinado”.

 

Este tipo de negociación podrá realizarse en empresas privadas y en aquellas donde el Estado tenga algún tipo de participación, pero está prohibida en entidades dependientes del Ministerio de Defensa y en aquellas definidas por leyes especiales.

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